Atentado a Betancourt y crisis con RD
Las relaciones entre Venezuela y la República Dominicana durante la Era de Trujillo estuvieron marcadas por constantes fricciones diplomáticas que deterioraron los vínculos entre ambos países
SÁBADO, 04 DE JULIO, 2026.--Uno de los episodios más tensos de la relación entre ambos países se produjo en 1960, cuando el presidente venezolano Rómulo Betancourt responsabilizó al régimen de Trujillo del atentado en el que resultó herido. La Zona Retro revive este acontecimiento a partir del seguimiento realizado por El Caribe y otros periódicos internacionales a las acusaciones presentadas por el mandatario venezolano contra la dictadura dominicana.
Betancourt acusa al régimen trujillista
Las primeras planas de los periódicos del 27 de junio de 1960 informaban sobre la intención del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, de presentar una protesta ante la Organización de los Estados Americanos por la presunta intervención de la República Dominicana en los asuntos internos de otros países del continente americano.
La decisión estuvo motivada por el atentado del que había sido víctima el mandatario venezolano. Como consecuencia del ataque, el presidente sufrió graves quemaduras en el rostro y las manos, mientras que tres personas perdieron la vida. A pesar de las secuelas físicas que aún padecía tras el incidente, Betancourt se reunió con su gabinete para analizar la mejor forma de presentar la protesta ante la OEA y determinar las medidas punitivas que solicitaría al organismo internacional.
La denuncia venezolana contra el régimen trujillista fue promovida principalmente por el canciller Ignacio Luis Arcaya, el ministro del Interior Luis Augusto Dubuc y el secretario de la Presidencia, Ramón Velásquez, también con rango de ministro. Para ese momento, el texto de la acusación ya había sido redactado y solo quedaba presentarlo al mandatario venezolano para su aprobación y posterior sometimiento ante los organismos internacionales.
Trujillo responde a las acusaciones de Betancourt
El presidente de la República, Generalísimo Héctor B. Trujillo Molina, restó credibilidad y minimizó, durante una rueda de prensa, las acusaciones formuladas por el mandatario venezolano sobre una supuesta participación del Gobierno dominicano en el atentado perpetrado recientemente en la capital de Venezuela.
El presidente Trujillo sostuvo que el atentado político del que había sido víctima el mandatario venezolano constituía un asunto estrictamente interno de Venezuela. Asimismo, afirmó que la República Dominicana, pese a su historia como nación afectada por agresiones provenientes de otros Estados vecinos, nunca había intervenido en los asuntos políticos de otros países, ya que respetaba la soberanía ajena con la misma firmeza con que defendía sus propios derechos y prerrogativas como Estado soberano.
Delegación venezolana arriba para colaborar en el caso
En las investigaciones sobre el atentado participaron de manera conjunta la policía venezolana, las Fuerzas Armadas, la Policía Técnica Judicial y agentes de Scotland Yard que se trasladaron al país para asesorar e instruir a las autoridades locales en el desarrollo de las pesquisas.
Hasta ese momento, el único informe oficial divulgado señalaba que personas no identificadas habían detonado a distancia una o posiblemente dos cargas explosivas colocadas en el interior de un vehículo estacionado en la ruta que debía recorrer el presidente venezolano para asistir a los actos conmemorativos del Día del Ejército.
Asimismo, las autoridades señalaron que la magnitud de la explosión destruyó gran parte de las evidencias que podían contribuir al esclarecimiento del caso.
En el marco de las investigaciones, fueron detenidas numerosas personas que se encontraban en las inmediaciones de la Avenida de los Próceres, lugar donde ocurrió el atentado; sin embargo, la mayoría fue puesta en libertad poco después, una vez comprobada su identidad y descartada su vinculación con los hechos.
En ese contexto, las autoridades continuaron interrogando y deteniendo a los propietarios de los vehículos que se encontraban estacionados en el lugar al momento de la explosión. Entre las personas retenidas figuró la esposa de Manuel Vicente Yáñez Bustamante, quien fue arrestada e interrogada pocas horas después del atentado.
De acuerdo con las investigaciones, el automóvil que contenía la carga explosiva, o las cargas de dinamita, y que quedó completamente destruido tras la detonación, estaba registrado a nombre de Yáñez Bustamante, quien para entonces permanecía prófugo de las autoridades.
Aspectos aún sin esclarecer del atentado
De acuerdo con informaciones extraoficiales suministradas a la prensa, las investigaciones habían comenzado a revelar varios aspectos considerados enigmáticos del caso. Uno de ellos estaba relacionado con la identificación de una de las víctimas mortales del atentado, quien habría sido identificado como Luis Elpidio Rodríguez.
En las horas posteriores a la explosión, esta persona fue descrita de distintas maneras, siendo señalada en algunos casos como agente policial y en otros como un transeúnte que se encontraba en el lugar de manera fortuita. Sin embargo, las autoridades no habían logrado confirmar plenamente su identidad, ya que su nombre no figuraba en los registros oficiales y hasta ese momento ningún familiar o allegado había reclamado el cuerpo.
Otro de los aspectos que despertó interés entre los investigadores fue el relacionado con Yáñez Bustamante, sobre quien existían sospechas de haber importado recientemente una considerable cantidad de dinamita.
De igual manera, comenzaron a circular versiones según las cuales Yáñez Bustamante habría desaparecido junto con 192,000 bolívares pertenecientes al Concejo Municipal de Sucre, en el estado Miranda, durante el mes de abril de ese mismo año, coincidiendo con la fecha en que se produjo el frustrado intento de invasión encabezado por el exgeneral Jesús María Castro León.
Entre los interrogantes que aún rodeaban las investigaciones figuraba el descubrimiento de un considerable arsenal de fusiles, pistolas y municiones en una residencia perteneciente al capitán de navío Eduardo Morales Luengo, quien, según versiones difundidas poco antes, había regresado recientemente al país.
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Fuerzas armadas en máxima vigilancia
Durante una rueda de prensa, el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, general José Trujillo, anunció que el Gobierno dominicano había colocado en estado de alerta a todas las fuerzas militares del país y estudiaba la posibilidad de una movilización general que incluiría a las milicias cívicas y a diversos sectores de la sociedad.
La decisión se fundamentaba en informes procedentes de Venezuela, según los cuales la prensa oficial y las emisoras de radio bajo control gubernamental difundían una campaña orientada a respaldar una eventual acción militar contra la República Dominicana.
Asimismo, el secretario de las Fuerzas Armadas señaló que el Poder Ejecutivo había remitido el caso al Congreso Nacional para que, conforme a lo establecido en el artículo 38, ordinal 8 de la Constitución, se adoptaran las disposiciones correspondientes ante una situación que el Gobierno consideraba una amenaza grave e inmediata para la soberanía nacional.
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